PP y VOX bloquean la petición de UPL que buscaba el reparto de las sedes de Castilla y León

Los leonesistas apuntaban que en el reparto de las instituciones de la comunidad de Castilla y León se debería atender a que la forman 9 provincias y 2 regiones, considerando que “es absurdo el afán de centralizar y seguir centralizando todo en Valladolid”.

Este miércoles el pleno de las Cortes de Castilla y León ha rechazado la Proposición No de Ley presentada por Unión del Pueblo Leonés (UPL), mediante la cual los leonesistas planteaban que se impulsasen las modificaciones oportunas en la legislación autonómica para acometer entre las diversas provincias de la comunidad un reparto equilibrado de las sedes de las Consejerías, instituciones básicas y los diversos entes dependientes de la administración autonómica de Castilla y León.

En este aspecto, la iniciativa leonesista ha sido rechazada por el voto en contra de PP y VOX, que han rechazado iniciar los trámites para descentralizar las sedes de la comunidad de Castilla y León para repartirlas de forma más equitativa entre las provincias que la integran.

En su turno de defensa de la proposición, el portavoz de Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, recordó que actualmente las instituciones básicas de la comunidad, Cortes, Presidencia y Consejerías, tienen su sede en la ciudad de Valladolid, un hecho que para los leonesistas “resulta llamativo si atendemos al hecho de que esta comunidad autónoma, formada por dos regiones (León y Castilla) y nueve provincias carece de capital, así como a la gran extensión de la comunidad, que supera incluso la del Estado vecino de Portugal y buena parte de los países de la Unión Europea”.

No obstante, pese a que UPL señaló que dicha centralización de sedes en una única ciudad no atiende a un reparto equitativo o equilibrado entre las provincias que forman la comunidad, ni tampoco a su naturaleza birregional en que pudiese darse un mayor equilibrio entre Región Leonesa y Castilla en la fijación de sedes, dicha centralización en Valladolid responde a la Ley autonómica 13/1987, por la que se determina la sede de las Instituciones de Autogobierno de Castilla y León, que fija en su artículo único que tengan su sede en la ciudad de Valladolid.”

Una Ley que, para Unión del Pueblo Leonés, no hace sino “oficializar lo que el Estatuto no hace”, que es fijar la sede de las instituciones básicas de la comunidad y centralizarlas en una sola ciudad para crear ‘de facto’ una capitalidad que no existe ‘de iure’, pues el Estatuto de Castilla y León no reconoce capital alguna para la comunidad, y además su artículo 3 remite a una Ley de las Cortes la fijación de las sedes de las instituciones básicas de la comunidad autónoma. Por ello, UPL pretendía el impulso a la descentralización en las sedes tanto de las Consejerías de la Junta como de las instituciones básicas de la comunidad autónoma.

Para ello, Unión del Pueblo Leonés planteaba que “se debe atender a criterios de reparto equitativo entre las nueve provincias que forman la comunidad, debiendo tenerse en cuenta también su birregionalidad para el reparto de las principales instituciones”, pidiendo asimismo que se dejase abierta la posibilidad de que en dicho reparto las sedes que se situasen en cada provincia pudiesen instalarse en municipios que no sean necesariamente las capitales provinciales o sus áreas metropolitanas.

Así, desde UPL se defendió dicha Proposición No de Ley para “minimizar las desigualdades internas entre las nueve provincias y las dos regiones de la comunidad en materia de sedes que existen actualmente”, pretendiendo con ello desarrollar de forma efectiva los criterios de descentralización que establece el artículo 3.2 del Estatuto en lo que concierne a la ubicación de los organismos de la Comunidad.

Una iniciativa que el portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, advirtió que “no implica que renunciemos a nuestro objetivo, que es formar una comunidad autónoma de la Región Leonesa, formada por León, Zamora y Salamanca”, pero considerando que hasta que llegue la creación de la misma debe acometerse la descentralización en la actual comunidad, pues “alrededor de la estructura administrativa de Castilla y León se sitúan otros organismos y se generan sinergias que provocan una mayor centralización, con todos los clusters económicos y sectoriales estando ubicados en la ciudad de Valladolid”.

En todo caso, finalmente la petición de los leonesistas de que se acometiese el reparto de sedes entre las provincias de la comunidad de Castilla y León ha chocado con el rechazo de PP y VOX, que han bloqueado dicha iniciativa, de modo que no se modificará la Ley autonómica 13/1987, que fija en un artículo único que las Cortes y Consejerías deben tener sus sedes en la ciudad de Valladolid.

VOX y PP rechazan descentralizar las sedes

En su turno de intervención, desde PP y VOX se ha rechazado la petición para repartir las sedes de la comunidad desde Valladolid hacia otras provincias. En este aspecto, la posición más rotunda para dicho rechazo la ha mantenido VOX, cuyo procurador, Francisco Javier Carrera Noriega llegó a manifestar respecto a la descentralización de sedes que “la buena administración no se logra con delirios disgregadores con los que explotar falsos victimismos”.

Asimismo, Carrera Noriega apuntó que repartir las sedes de la comunidad de Castilla y León “motivaría una pérdida de eficiencia”, indicando además que “la organización administrativa de la comunidad no ganaría con lo que solicitan” y “centrifugar produce daños irreparables en las naciones”.

Del mismo modo, el representante de VOX señaló que acometer una descentralización de las sedes en Castilla y León sería “un despropósito económico absoluto”, y acusó a UPL de “buscar la división y debilitar”, a la par que indicó que “hablar de la Región Leonesa y Castilla la Vieja me retrotrae a épocas medievales”, afirmando irónicamente que “no me veo con armadura y lanza en ristre”.

Por su parte, desde el Partido Popular, el procurador Ángel Ibáñez, en una línea argumentaría similar a la de sus compañeros de gobierno en la Junta, llegó a afirmar que “la birregionalidad de la comunidad no existe”, para declarar que “todos los procuradores representamos a todas las provincias”, señalando que “soy un procurador del pueblo leonés dentro del cuerpo de un burgalés”, confirmando posteriormente el rechazo del PP a repartir las sedes de la comunidad de Castilla y León.